Más de 100 mil personas contra los recortes en educación. Este miércoles, Rosario fue escenario de una multitudinaria marcha en el marco de la segunda Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes, trabajadores y sindicatos recorrieron las calles desde Plaza Montenegro hasta el Monumento Nacional a la Bandera. El principal reclamo fue evitar los recortes en las universidades públicas, con una clara advertencia al presidente Javier Milei sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Una multitud unida por la educación y la ciencia
La movilización comenzó a las 17 horas, y las columnas ocuparon más de diez cuadras. Encabezados por representantes estudiantiles y gremios universitarios, los manifestantes portaban pancartas con el lema «Por la universidad pública y la ciencia nacional». Al llegar al Monumento, las organizaciones leyeron un documento en defensa de la educación pública, exigiendo que se respete el financiamiento aprobado por el Congreso.
El rector Bartolacci alza la voz en un contexto crítico
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, fue uno de los oradores principales en el acto. “El financiamiento es clave para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas”, afirmó, mientras exigía que el presidente Milei «vea lo que está pasando en el país». La concentración de Rosario fue una de las muchas réplicas que tuvieron lugar en el país, con epicentro en Buenos Aires.
Una ley clave para la continuidad de la educación universitaria
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Senado en septiembre, asegura la actualización de salarios de docentes y no docentes, además de cubrir gastos operativos, proyectos de investigación y programas de extensión universitaria. Si el presidente decide vetar la ley, este jueves 3 de octubre será la fecha límite para hacerlo.
Impacto económico de la ley
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de esta ley tendría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que representa el 0,14% del PBI. La norma incluye actualizaciones salariales mensuales, basadas en la variación de precios del INDEC, y ajustes bimestrales para otras partidas presupuestarias.
